REFORMAS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DEBIDO A COVID-19

El 20 de marzo del presente año, ante la situación de emergencia nacional declarada en El Salvador debido a la Pandemia del COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No. 602, por medio del cual se reforma la Ley de Protección al Consumidor.

Las reformas tienen como finalidad evitar distorsiones en el mercado, tales como acaparamiento de productos y el aumento injustificado de precios de productos y servicios que se consideran esenciales para la población.

El  Decreto de reforma agrega un numeral 3) al segundo párrafo del Artículo 44 de la Ley, incluyendo como infracción muy grave el ofrecer, comercializar o vender bienes o servicios a precios o cantidades superiores al máximo fijado por la Defensoría del Consumidor, ya sea en establecimientos comerciales o en forma privada, o  bien mediante comercio electrónico.

La sanción que establece la Ley de Protección al Consumidor para infracciones muy graves, de conformidad con el Artículo 47 es de una multa hasta de quinientos salarios mínimos mensuales urbanos en la industria.

Así mismo, se reforma también el literal c) del Artículo 58 de la Ley,  dando a la Defensoría del Consumidor la facultad de “fijar o modificar los precios máximos de bienes intermedios y finales de uso o de consumo y de los servicios en caso de emergencia nacional, calamidad pública o desastre, siempre que se trate de de productos y servicios esenciales”.  También podrá restringir y regular las cantidades de dichos bienes a adquirir ante un daño o posible daño por riesgos tales como pandemias y epidemias cuando se trate de productos esenciales o necesarios.

Es muy importante tomar en cuenta que las sanciones que establece la Ley pueden aumentar cuándo la infracción afecte intereses difusos de los consumidores, es decir, cuando perjudique los intereses de un grupo indeterminado de consumidores.

Estas reformas entrarán en vigencia ocho días después la publicación del referido decreto en el Diario Oficial.

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